La Guardia Civil de Palencia detiene a cuatro personas e investiga a otra, a las que se les acusa de los supuestos delitos de fraude fiscal, estafa, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal y blanqueo de capitales.

Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil para la averiguación de supuestas actividades ilícitas que pudieran estarse cometiendo en el sector del transporte de mercancías por carretera, se pudo conocer la existencia de una trama delictiva que estaría cometiendo hechos delictivos en la provincia de Palencia.

Detrás de estas personas jurídicas se encontraban tres personas físicas de una misma unidad familiar, un matrimonio y su hijo de origen Búlgaro.

El grupo criminal se valía de la débil situación de súbditos extranjeros, principalmente compatriotas Búlgaros, que precisaban de trabajo en España. El estado de necesidad y el desconocimiento del idioma, facilitaba que la trama obtuviese extraordinarios beneficios a costa de cometer los delitos de estafa, falsedad documental, contra los derechos de los trabajadores, fraude fiscal, organización criminal y blanqueo de capitales.

Primera fase

Pese a que la Guardia Civil ya seguía el rastro de estas empresas, el detonante fue una denuncia formulada por un antiguo trabajador que había prestado servicios para alguna de las empresas investigadas, creyendo estar en situación laboral como trabajador por cuenta ajena, cuando en realidad estuvo dado de alta como autónomo.

Terminada la relación laboral, el denunciante comenzó a recibir requerimientos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social por las deudas que habría acumulado, ya que al desconocer su condición de autónomo, no había hecho frene a las cuotas a las que estaba obligado y que ascendían a miles de euros, además de figurar en una cuenta bancaria que nunca había contratado.

Según se ha podido conocer, obligaban a sus trabajadores a formar parte de la empresa, para lo cual tenían que hacerse socios de la cooperativa, y al no disponer de vehículo ni de tarjeta de transportes, se les conminaba a contratar prestamos para la compra de una camión que debería ser puesto a nombre de la empresa bajo la promesa de devolución  cuando el trabajador abandonara la misma.

En la concesión de los préstamos participaba activamente el director de una sucursal bancaria de esta capital. El importe de los préstamos, era automáticamente transferido a las cuentas de las empresas investigadas.

Sin embargo, los camiones nunca se llegaban a adquirir, sino que eran contratados mediante leasing o renting.

Tras comprobar que las empresas apenas habían tenido trabajadores en sus filas, quedaba constatado el hecho de la condición de autónomos de los mismos, por lo que se procedió al análisis tributario y económico de las empresas.

Se analizaron las declaraciones tributarias de las empresas y personas investigadas y de un total de 35 cuentas corrientes, que dejaron constancia de que mediante el entramado empresarial se habría cometido un fraude superior a 4.500.000 € en IVA y otros 2.600.000 en el Impuesto de Sociedades.

En esta primera fase, se procedió a la detención de los responsables de las empresas investigadas y a la investigación de la responsable de una gestoría, practicándose registros en domicilios y empresas, fruto de los cuales se intervino numerosa documentación.

Segunda fase

Fruto del análisis de la documentación intervenida, se conoció la existencia de 32 cuentas a nombre de trabajadores de las empresas investigadas y que estaban relacionadas con una misma entidad bancaria en la capital.

Analizado el contenido de dichas cuentas, se constató la concesión  de 16 prestamos por importe de 604.000€, de los  cuales 572.000€ habrían acabado en poder de las empresas investigadas.

También quedó patente la irregularidad de muchos contratos de las cuentas bancarias que aparentemente podrían haber sido rubricados por personas ajenas a su titular.

Como resultado de la explotación de la segunda fase, se procedió a la detención del responsable de la sucursal bancaria investigada.

Hasta el momento han sido cuatro los trabajadores extranjeros que han denunciado ser víctimas de esta trama, aunque el total sería muy superior. Por ello se continúan con las investigaciones tendentes a la identificación y localización de más víctimas.

De las diligencias se hizo cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Palencia.

Esta no es la primera investigación económica a gran escala llevada a cabo por la Guardia Civil de Palencia, pues cabe recordar que en 2015 se culminó con la detención de diez personas y la investigación de otra tres, que mediante un entramado de más de treinta empresas habrían defraudado unos 15.000.000 € en IVA, mediante la adquisición de vehículos de alta gama en la Unión Europea y cuyo juicio está previsto para finales de este año.